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EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE Y LA POLITICA

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

 

AURORA TERESITA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.[1]

 

Resumen

 

El objetivo principal de este trabajo es investigar la relación entre el desarrollo sustentable y la política ambiental,

Es necesario integrar las políticas urbanas para definir de una forma importante el propósito de la sustentabilidad. Sí no hay un marco de políticas públicas, así como límites biofísicos y económicos, se dificulta la manera de reconocer la interrelación entre el medioambiente y el desarrollo urbano.

Así mismo la comunidad, demanda una importante participación en la toma de decisiones ambientales. De hecho, los conflictos socioambientales se presentan cuando sólo se beneficia al sector privado o al industrial.

Se consideró el Municipio de Morelia, ya que en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento poblacional importante sin planificación dando como resultado la consabida problemática ambiental.

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo sustentable. Políticas ambientales. Medioambiente.

 

Abstract

 

The object of this paper is to explore the relation between sustainable development and the environmental policies. It is necessary to integrate the urban policies to define in a good way the propose of sustainable.

If there is not a public policy framework, biophisics and economics thresholds, the evaluation and the mesure of both difficults the way to recognize the interrelation between the environment and the urban development.

As well as the community wich is integrated by social actors demand an important participation in the environmental decisions. Indeed, the social environmental conflicts are made when only the benefits are for the private sector or industrial sector.

The area of study is Morelia, because in the last twenty years had grown without planning, that’s why the environmental problem is increasing.

 

KEY WORDS: Sustainable development. Environmental policies. Environmental.

 

Introducción

 

El Desarrollo local no sólo es una estrategia política-institucional, sino que la hipótesis que le da sentido, tiene que ver con las acciones que, tomadas desde el territorio, incrementen la creación del valor, mejoren las empresas, aumenten las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los habitantes de la localidad (Barreiro,2000:2). Obviamente que estos objetivos no pueden ser abordados sólo por la acción de las instituciones públicas, sino que son el resultado de la multiplicidad de acciones del conjunto de actores ( económicos, sociales, políticos) que operan y toman decisiones en el territorio o, que sin estar localizados en el territorio, inciden en él. Al mismo tiempo en la estrategia del desarrollo local se debe recurrir a formas renovadas de cooperación, de mediación y de resolución de conflictos.

Pero también cabe mencionar que en los últimos veinte años ha tomado fuerza el término de Desarrollo Sustentable, el cual proporciona un marco adecuado para la integración de las políticas ambientales y las estrategias de desarrollo social y económico. El mismo reconoce que el crecimiento es esencial para satisfacer las necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el desarrollo debe basarse en el uso eficiente, equitativo y ambientalmente responsable de todos los recursos escasos de la sociedad[2].

 

 La ventaja de esto es que el desarrollo sustentable permite asimismo integrar las metas sociales con las metas económicas y ambientales para lograr mayor equidad social y luchar contra la pobreza, que constituye el factor más limitante y critico del desarrollo.

Generalmente, la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de una Región se nutre de dos grandes orientaciones. La primera, aquellos desafíos que desde el punto de vista ambiental se derivan de la Estrategia Regional de Desarrollo y, la segunda, la expresión local de la Política Ambiental Nacional.

En el contexto anterior el presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de cómo la política ambiental ha influido en el desarrollo local sustentable en el Municipio de Morelia. Para lo cual el trabajo se estructurará en tres partes: Primero se hablará sobre la Descentralización y participación ciudadana. En este apartado se hace un análisis sobre cómo la población participa en la formulación de las políticas ambientales y cómo al lograr sus objetivos esto incide en la calidad de vida de los ciudadanos.

Posteriormente se presenta un estudio sobre la política ambiental local. En este punto se analiza cuál ha sido la política ambiental en el Municipio de Morelia y cómo ha incidido en el desarrollo sustentable.

Y finalmente se trata el punto sobre los conflictos socioambientales. En este rubro se comenta como el Municipio ha presentado algunos problemas por no tomar en cuenta las propuestas ciudadanas.

Se tomó como objeto de estudio el Municipio de Morelia, ya que en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento poblacional importante, lo cual deriva en un crecimiento urbano desordenado que trae consecuencias graves al medioambiente.

Al tener mayor población, comienzan los desarrollos habitacionales sin planificación cual ninguna, lo cual deriva en falta de agua para tales conjuntos habitacionales, no se cumplen con los límites de áreas verdes, se genera una mayor cantidad de residuos sólidos urbanos. Así mismo, aumentan las actividades industriales y de servicios carentes de una tecnología limpia.

Todo esto en su conjunto muestra las bases para el análisis de las políticas ambientales que hasta el momento no han dado como resultado un buen desarrollo local.

La política ambiental requiere de un marco que dé sustento legal al ejercicio de controles directos sobre la contaminación, a la asignación de responsabilidades y funciones, y al uso de instrumentos económicos (incentivos y punitivos) que por un lado motiven la creatividad del sector privado y por el otro, disminuyan los costos de su cumplimiento. De esta manera, la legislación deberá integrar un cuerpo de normas generales, disposiciones especiales, reglamentos para regular en detalle obligaciones y derechos de los normados, así como los acuerdos y compromisos contraídos internacionalmente e incorporados como leyes internas de cada país.

 

Descentralización y participación ciudadana

 

La elaboración de una Política Ambiental Regional satisface importantes necesidades para todos los sectores de la vida local. Ella demanda que cada sector de la comunidad haga un balance ambiental sobre el proceso histórico de desarrollo regional.

La participación popular legalizada e institucionalizada que refuerza la gobernabilidad democrática y la descentralización política es relativamente nueva en el contexto de los gobiernos locales en Latinoamérica (Finot,2005:30). La introducción de la descentralización política orientó la descentralización administrativa hacia la consecución de la gobernabilidad democrática, el combate a la corrupción institucionalizada, reducir la brecha de las inequidades, facilitar la participación ciudadana, etcétera. Por lo tanto, el aliento a la participación ciudadana mediante procesos de descentralización política y de reordenamiento territorial, pueden crear las condiciones para impulsar el desarrollo regional.

Esto es de suma importancia, ya que, la participación de la comunidad no se agota en la fase de formulación de la política, ella debe asumir un papel importante en las acciones que la materialicen, en los procesos de evaluación a que sea sometida, como también, en las reformulaciones que se planteen. El cumplimiento de los objetivos o su fracaso no sólo afectarán a las autoridades responsables, sino que principalmente incidirá en la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos de la región.

De acuerdo a Alburquerque (1998:77), el concepto de territorio implica heterogeneidad del mundo real, sus características medioambientales específicas, los actores sociales y su movilización en torno a estrategias y diferentes procesos.

Pero además no debemos perder de vista que en este concepto de territorio, también se considera a todos los agentes gestores públicos locales y regionales, como actores privados empresariales, los cuales deben trabajar en conjunto con la sociedad civil.

Y si hablamos de la implementación de políticas de descentralización, deben de estar acompañadas con la creación de nuevos espacios para una mayor participación de la sociedad. Así, la descentralización del aparato del estado, debe liberar el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de la sociedad civil a fin de servir como suplemento de oportunidades para la participación popular, incluyendo la participación político — electoral proveída por una democracia más participativa.

Así pues, se debe tener en cuenta, que los movimientos sociales que operen al nivel de sociedad civil necesitan estar respaldados por una voluntad política de una eficiente administración y para que las acciones de los movimientos populares sean efectivas, éstos requieren presentarse con un modelo de participación popular, la cual es inherente a su propio voluntarismo. Pero esta participación popular, de acuerdo a Castells y Borja (1998:47), se restringe en la práctica a la consulta, información y cooperación con la administración local y no a los procesos de toma de decisiones, los cuales siguen siendo prerrogativas de los representantes electos. Sin embargo, habrá que determinar si se liberan las actividades productivas de bienes y servicios públicos a las administraciones locales, mediante procesos de descentralización, y cuáles serán las repercusiones en términos de beneficios para el desarrollo local.

Se debe considerar que en vez de ajustar el desarrollo local y nacional a las tendencias y patrones globales, una estrategia de desarrollo nacional debe tomar en cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, como la base para una más articulada integración en los procesos de globalización. En este caso el desarrollo local y regional, debe avanzar en doble sentido. Esfuerzos para un desarrollo estructural con una amplia cobertura de arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las particularidades de las diferentes localidades y regiones.

 

La Política Ambiental Local

 

En este caso las políticas ambientales recuperan esta orientación, a través de la extendida promoción de la participación ciudadana en la gestión ambiental, normalmente descentralizada, bajo la perspectiva de los “stakeholders”, esto es actores igualmente interesados en la protección/ conservación ambiental. No olvidar que la agenda 21 invitaba a una mayor participación ciudadana en la gestión ambiental (Dryzek, 1997: 131).

Ahora bien, de acuerdo a Vázquez Barquero (2000a: 21), el desarrollo local se define como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o de una región. Y los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización eficiente del potencial económico local.

Como hemos visto en los últimos tiempos, la democracia y el desarrollo sustentable constituyen los anhelos más importantes de los países de América Latina y el Caribe en los albores del presente siglo. Sin embargo, la gran brecha que existe entre estas aspiraciones y la satisfacción de sus resultados es aún considerable. Ya nos comenta Hernández Palacios (2005:6a), “a la par que la consolidación democrática es extensión de igualdad jurídica y, por ende, de los derechos ciudadanos; esto forma parte sustancial del desarrollo sustentable, y requiere de efectivos instrumentos de políticas públicas y, especialmente, de administración y de impartición de justicia para lograr la conservación del ambiente”.

Sí todo esto lo conjuntamos y hablamos desde el enfoque del desarrollo sustentable y las políticas públicas que requieren su operacionalización, y vemos el caso de México, observamos claramente una contradicción al funcionamiento del modelo de desarrollo, pues mientras el “ajuste estructural” se mueve con una visión cortoplacista, las políticas ambientales, para garantizar un desarrollo sustentable bajo el principio de equidad intergeneracional, requieren un enfoque de largo plazo.

Pero ¿qué sucede en el Municipio de Morelia?

De acuerdo a la realidad ambiental de Morelia, observamos que ésta va cambiando día a día, por: el impacto del crecimiento demográfico o económico, por la introducción de nuevas tecnologías o por las pautas de comportamiento de la población. También pueden cambiar los recursos de que disponen las autoridades y la población para enfrentar los retos ambientales. Todo lo anterior obliga a considerar la política como un instrumento esencialmente dinámico y de largo plazo que debe ser actualizado periódicamente para adecuarla a las nuevas realidades.

No es lo mismo el Morelia de 1970 a la ciudad actual, en donde simplemente el número de vehículos es mucho más alto, al igual que el número de habitantes. Al tener un número más alto de habitantes comienza al desorden del crecimiento urbano con sus respectivas secuelas. Mayor cantidad de fraccionamientos los cuales no cumplen con los ordenamientos de planeación urbana que establecen los reglamentos de la Secretaría de Urbanismo, De igual forma aumenta el consumo por habitante de diversos productos y como resultado se tiene una mayor cantidad de desechos sólidos urbanos los cuales son depositados en lotes baldíos o en las esquinas de las calles, provocando con esto la proliferación de plagas que a su vez degeneran en enfermedades para la población.

Para Víctor Ardúa (marzo 2005), el caso de Morelia es crónico. Por lo regular los desarrollos de ciudades como ésta se alimentan de fallas normativas, institucionales y de concepciones que suponen inagotables los recursos naturales, Es decir, el entorno físico entendido como un sumidero infinito y seguro de desechos. A ello hay que añadir lo evidente: fomentan procesos de desigualdad económica y social que caracteriza a la gran mayoría de nuestras ciudades.

El hecho es que al considerar los recursos naturales inagotables y no ser realistas, también se corre el peligro de destruir estos pocos recursos naturales. Tal es el caso del agua. La cual es contaminada por residuos domiciliarios e industriales.

Así tenemos que en Michoacán de cinco mil litros por segundo que se generan de aguas residuales sólo son tratados 800 litros y lo demás ¿a dónde van?...

Veamos el caso de Morelia, el cual también es de lamentar. En el Municipio de Morelia se generan 1600 lts/seg de aguas residuales, de las cuales sólo se trata el 1% de acuerdo a las declaraciones del Ing. Juan Luis Calderón Hinojosa, Director del Organismo Operador del Agua Potable. (OOAPAS)

La pregunta sería ¿cuáles son las sustancias que más contaminan el agua?

Las principales sustancias son los desechos domiciliarios como los residuos de detergentes, jabones, limpiadores, blanqueadores, productos de belleza que se utilizan en el hogar.

Y otra parte importante de los desechos son los industriales y los de los talleres, en donde encontramos aceites, petróleo, gasolina, ácidos orgánicos e inorgánicos, dioxinas, furanos, plaguicidas, barnices y álcalis entre otros.

Todos los eventos en los que se encuentran involucradas sustancias que implican algún riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la contaminación de suelos y cuerpos de agua, son conocidos como emergencias ambientales. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cada año se presentan en México un promedio de 550 emergencias ambientales asociadas con materiales y residuos peligrosos. Dentro de los compuestos peligrosos más comúnmente involucrados en emergencias ambientales, se encuentran el petróleo y sus derivados (gasolinas, combustóleo, diesel), agroquímicos, gas LP y natural, entre otros (Figura 1).

Siendo la mayor preocupación el 28% de otros contaminantes en donde encontramos presentes contaminantes altamente tóxicos que se encuentran persistentemente en el ambiente como: dioxinas, furanos, hexaclorobenceno, bifenilos policlorados (BPCs), plaguicidas organoclorados, mercurio, plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos poliaromáticos (HAPs).

En el caso de Morelia, oficialmente se dice que no hay mucho problema en cuanto a las emergencias ambientales, ya que “supuestamente no hay peligro” en los desechos que se mandan a los drenajes. Sin embargo, la situación no es tan sencilla.

 

Figura. 1

Principales sustancias involucradas en emergencias ambientales reportadas a la PROFEPA entre 1999 y 2001 (PROFEPA, 2003).

 

            Simplemente hay que recordar que en enero del 2005, se encontró tolueno en las alcantarillas de una colonia al sur de la ciudad (La voz de Michoacán). Siendo esta sustancia altamente tóxica y explosiva. Así mismo, existen otras sustancias, las cuales provienen de la industria y que se mandan a las alcantarillas sin tratamiento previo y posteriormente se desalojarán en los terrenos de labor de los valles de Morelia - Queréndaro y que tienen como destino final el Lago de Cuitzeo. Si en un momento dado todo lo que se manda al drenaje se mezcla, podría suscitarse un problema de explosiones en el alcantarillado como el ocurrido en Guadalajara en abril de 1992. Así mismo, como se contaminan las tierras cultivables se producen problemas a la salud de la población por el consumo de hortalizas y vegetales contaminados.

Es por eso que en torno a los problemas ambientales, es necesario tener en cuenta su extrema complejidad y La necesidad de abordarlos desde sus múltiples aristas, porque gran parte de la solución radica en la comprensión integral del problema. En nuestro país y por lo tanto en Michoacán, la planeación ambiental y el consecuente desarrollo de instrumentos de política en esta materia ha dependido de diversos factores[3].

Entre estos factores destacan los siguientes:

1,- La preocupación de un amplio sector de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional por los problemas del medio ambiente.

2.- El avance científico y tecnológico de la ecología y las ciencias ambientales.

3.- Los diversos procesos legislativos enfocados a la construcción de un marco legal ambiental en México.

Estos tres elementos constituyen el marco conceptual, no sólo de los instrumentos de política ambiental de la legislación mexicana, sino de cualquier plan o programa ambiental que se pretenda desarrollar en nuestro país.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los gobiernos locales, particularmente municipales, han desarrollado políticas de desarrollo en general de corte cortoplacista, tomando como referencia el horizonte de gestión de gobierno (3 años), de tal manera que el nuevo gobierno municipal, si es renovado, modifica las prioridades de desarrollo; de esa manera se implementan obras de impacto inmediato, que permitan ganar rédito político.

Pero además, mientras el modelo de desarrollo produce inequidades y asimetrías sociales, las políticas interpelan a la población no sólo haciendo abstracción de esta realidad, sino que existe la tendencia de considerar a los pobres como los principales causantes del deterioro ambiental producido en los últimos diez años de ajuste estructural, al demandar un acceso más equitativo a los recursos y medidas para reducir ios impactos ambientales, del sector privado particularmente, en el fondo están poniendo en evidencia esta contradicción entre desarrollo y sustentabilidad.

Guimaraes(2001), considera que una de las grandes paradojas de esta época es que mientras el enfoque del desarrollo sustentable requiere una activa intervención del Estado en la regulación y control, a través de sus instrumentos de política ambiental, éste se ha puesto en vigencia justamente en el momento que el Estado es defenestrado como impulsor del desarrollo económico, y tiende a ser sustituido por el mercado.

En el ámbito de los gobiernos locales este hecho se traduce en una reducción de su capacidad de regulación y fiscalización de conflictos, más aún, la tendencia es que los gobiernos municipales tienden a involucrarse en los conflictos socioambientales como actores, ya sea apoyando a un sector en conflicto o como el protagonista consecuencia de acciones del desarrollo. Es decir, las políticas de desarrollo municipal, al apostar a una lógica cortoplacista, no sustentable e inequitativa, con escasa capacidad de regulación, generan conflictos socioambientales, involucrando al gobierno local como actor, por tanto, profundizando los riesgos de salidas no democráticas de los conflictos.

En más de algún sentido, el concepto democracia está estrechamente vinculado al de participación ciudadana. Desde una perspectiva teórica, el problema de la democracia pudiera ir más allá de la construcción de instituciones representativas y eficaces para centrar la discusión en la multiplicidad de formas que adopta la participación de los ciudadanos en el tratamiento de los asuntos que por necesidad y obligación le competen. En tal sentido, mientras que para algunos la cooperación y colaboración de los ciudadanos en el tratamiento de los asuntos públicos es un elemento complementario en un Estado democrático, para otros es la piedra angular para la construcción de un orden político y social efectivamente democráticos.

Ante esto, el orden de gobierno municipal adquiere singular relevancia, toda vez que enfrenta la compleja tarea de procesar las demandas más inmediatas de la sociedad local; por tal motivo, al municipio se le considera la instancia más cercana y, en el mejor de los casos, más sensible a la problemática de la comunidad.

Sin embargo, dada la precariedad de las instituciones políticas locales, aunado a una colectividad cada vez más exigente, la oportunidad de los gobiernos municipales para responder eficazmente a las expectativas ciudadanas se convierte en una problemática mayor que termina en una especie de círculo vicioso de obligada solución: en un extremo, gobiernos que pretenden a toda costa encauzar institucionalmente la participación de los ciudadanos, y en el otro, individuos que mediante la organización colectiva y autónoma buscan solución a sus legítimas demandas sin el menor reconocimiento a los procedimientos formales existentes. El resultado: una tensa relación entre gobierno y sociedad que arroja más dudas que respuestas y que, por lo mismo, invita a la discusión.

De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental, en general, se observa que las políticas públicas referidas al medio ambiente, mientras no afecte los intereses de los actores involucrados, son simplemente bajo modalidades de consulta; pero cuando éstas pueden perjudicar a alguno de los sectores implicados, se excluye a los sectores conflictivos.

 

Conflictos Socioambientales

 

Por otro lado, las políticas ambientales, en general funcionales al modelo de desarrollo vigente, a través de enfatizar criterios de mercado, se orientan a beneficiar a los sectores privados o generadores de externalidades ambientales, afectando a comunidades locales y sectores social y económicamente vulnerables.

De esta manera, los conflictos socioambientales son también una forma como estos grupos y sectores sociales, excluidos por las políticas, marginados de los procesos de concertación, buscan reconocimiento para canalizar sus demandas.

El conflicto aparece por tanto, como un mecanismo de visualizar la escasa capacidad de los gobiernos locales de promover formas democráticas de planificación y gestión ambiental.

Los conflictos, en tal sentido, rompen el espíritu del enfoque de “stakeholders”, de concertar entre actores iguales. La concertación sería el incorporar a la población, reconocerlos como sujetos, pero ello no ocurre; los aspectos que expresan este hecho son[4]:

-        La planificación de proyectos de desarrollo local, en general no toma en cuenta a los “stakeholders” interesados en la problemática del proyecto; considerando que incluir probables opositores podría poner en riesgo su formulación, o consideraciones político partidarias (no incluir a determinado sector por pertenecer a la oposición), se excluye a sectores sociales, que al verse marginados generan acciones de crítica y resistencia.

-        Tal es el caso del Programa de Verificación Vehicular el cual es un proyecto que se espera genere desarrollo local sustentable. Ya que esto redundaría en una mejor calidad del aire. Sin embargo, los grupos opositores son principalmente el servicio de transporte público. Los cuales son los que realmente contaminan con sus vehículos antiguos y sin mantenimiento.

-        En la implementación de proyectos y acciones de desarrollo local, la tendencia es no concertar con las comunidades afectadas por las externalidades ambientales y los grupos de presión; dentro del horizonte de participación se realizan consultas; pero que no involucran la búsqueda de consensos, generando inevitablemente el caldo de cultivo para conflictos

-        La participación en la gestión ambiental local no implica generalmente fortalecer la capacidad de decisión por parte de las comunidades locales y se reducen las posibilidades de involucrar a la población en la gestión ambiental, como actores protagónicos.

-        Mientras el modelo de desarrollo genera una distribución inequitativa de los recursos naturales y servicios ambientales así como de los impactos y riesgos ambientales, las políticas ambientales promueven procesos de participación y concertación, asumiendo que todos los actores involucrados están en las mismas condiciones. En los países en desarrollo definitivamente no existen actores iguales, pues el acceso a la información, recursos económicos técnicos, influencia en las agencias gubernamentales no es equitativo, más aún en el contexto de una cultura política basada en lógicas de clientelismo, corrupción, donde la correlación de fuerzas entre los actores involucrados en la gestión ambiental es desigual. Por tanto, las políticas no han logrado reducir los riesgos de conflictos, menos crear escenarios de concertación que hagan posible una resolución democrática de conflictos socioambientales.

La incertidumbre de la ciencia y los riesgos ambientales genera que las comunidades locales involucradas en conflictos socioambientales locales basen sus posiciones en la percepción y el conocimiento local del problema ambiental.

Otro aspecto es que los conflictos socioambientales locales ponen en evidencia al alto grado de incertidumbre del discurso científico. Veamos que significa esto.

Como se sabe, cuando se habla de riesgos ambientales, muchas veces no lo sabremos con seguridad hasta que sea demasiado tarde (Gidden 1999; Beck, 1992). Por otro lado, lo que hoy aparece como permitido mañana es probable que sea prohibido, o al revés.

Más aún, existen varias “lecturas científicas” de un mismo problema ambiental, generando discusiones entre los expertos, En estas circunstancias, hay un nuevo clima moral de políticas, marcado por el estira y afloja entre acusaciones que asustan por un lado, y protegen por otro: en la mayoría de los casos de riesgo no podemos saber de antemano cuando se está asustado y cuando no.

Es aún más grave, pues al no contar con una infraestructura técnica y científica que haga posible estudios ambientales rigurosos, los actores involucrados en conflictos, particularmente las comunidades locales y grupos afectados, se mueven en torno a las percepciones y el conocimiento local/tradicional existente.

Los actores intervienen fundamentalmente por la percepción que tienen del problema ambiental, esto quiere decir que cada actor tiene ,su propia lectura del problema en función del grado de información, correlación de fuerzas, coyuntura política regional; este hecho muestra una vez que la realidad es “ inventada” o “ construida socialmente” (Matzlawick 1985) ; otro factor que interviene en la percepción del conflicto es el conocimiento local y/ o tradicional que tengan respecto al motivo del conflicto; particularmente entre los indígenas y los campesinos, la valoración cultural religiosa de un recurso, el conocimiento del manejo de los recursos y los servicios ambientales que presta, son aspectos que motivan involucrarse en conflictos socioambientales a nivel local.

Por ejemplo, la tala clandestina que se presenta principalmente en algunas localidades del Municipio de Morelia.

Cuando se presenta un factor que está afectando a las comunidades locales, a cambio de continuar con sus actividades, ofrece compensaciones que no atacan la raíz del problema, simplemente desplazan la solución a un escenario distinto.

En los escenarios locales no es frecuente ver salidas judiciales al conflicto mucho menos salidas o resoluciones negociadas.

Si bien la ley del medio ambiente abre la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños ambientales, la corrupción imperante en el sistema jurídico y la fallida actividad de una instancia especializada en el tema, ha impedido llevar a cabo exitosamente salidas judiciales.

Por otro lado, si bien existen algunas organizaciones no gubernamentales que están promoviendo metodologías de resolución negociada, éstas no han logrado generalizar su práctica.

Las soluciones y salidas a los conflictos socioambientales, al estar fundamentadas en un sistema político y jurídico corrupto, casi siempre nos llevan a dar la respuesta rápida con la solución más inadecuada.

 

A modo de conclusión

 

Como conclusión, podemos decir que mientras no exista una buena estrategia para aplicar las políticas ambientales, éstas siempre serán obsoletas y poco consensuadas,

De hecho, existen problemas ambientales globales, que rebasan cualquier frontera política, económica y social. Estos problemas no fueron considerados originalmente en el municipio de Morelia, como el caso de la industrialización y sus desechos peligrosos, el dilema es: ¿cómo estamos concibiendo el mundo cuando tratamos de entender el desarrollo sustentable? ¿cómo podemos evaluar las tendencias originales bajo una geografía política y económica mundial tan diferente?

Por esta razón, entre otras, a pesar de que actualmente existen convenios internacionales y leyes ambientales nacionales, ni los políticos ni los científicos, ni la sociedad civil, hemos tenido la capacidad de avanzar de manera significativa en la dirección trazada. Si bien es cierto, que cada sector tiene una tarea muy específica que realizar, es indiscutible que la descoordinación y el desbalanceado nivel de compromiso nos aleja cada vez más de la meta: hacer compatible el desarrollo humano y la permanencia de nuestra especie con la conservación de la naturaleza.

Para llegar a un desarrollo local pleno, debemos lograr las metas que los agentes locales se han trazado, además de utilizar los recursos financieros y humanos de la mejor manera posible.

El problema del desarrollo y el medio ambiente es de fondo, y es necesario hacer algunas consideraciones:

El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se fundamenta en el conocimiento profundo de las tasas de crecimiento de las poblaciones animales y vegetales sujetas a manejo (pesca, silvicultura, actividades agropecuarias, etcétera); la capacidad de recuperación de los recursos abióticos (agua, aire, suelo, energía) y el conocimiento de sus ciclos biogeoquímicos, la variabilidad del potencial productivo de los recursos, las interacciones de los ecosistemas y de las regiones que los contienen. Por ello, una seria regionalización ecológica jerárquica resulta imprescindible como paso inicial para establecer prioridades en el manejo de recursos naturales.

Cualquier aprovechamiento o proyecto sectorial de desarrollo debe considerar los impactos y alteraciones generados por la actividad humana, medidos en magnitud, extensión y permanencia en el tiempo.

Toda actividad humana afecta no sólo al medio ambiente, sino que también a los diferentes sectores sociales y sus correspondientes economías.

El crecimiento económico no debe ser percibido como una graduación de tasas de interés basada en la especulación financiera, sino como un conjunto de relaciones sociales productivas destinadas a la satisfacción de necesidades y sustentadas en el aprovechamiento racional de los recursos de una región específica, En consecuencia, en países como México, se requiere de un ejercicio real del federalismo y un auténtico proceso de desarrollo local en sus regiones y estados.

La incompatibilidad del actual modelo económico neoliberal con el desarrollo sustentable, es inobjetable, debido a los patrones de consumo y la distribución desigual de la riqueza que genera, así como a la falta de consideración, dentro de la economía, de la dimensión ambiental entendida a fondo y, sobre todo, porque parte de un principio de imposición e inequidad social para su funcionamiento.

La doctrina de la sustentabilidad dice que la difusión de un nivel razonable de prosperidad y seguridad a las naciones menos desarrolladas es esencial para la protección del balance ecológico y por lo tanto esencial para la continuación de la prosperidad de las naciones. Por lo tanto la protección ambiental y el desarrollo económico son procesos complementarios y no antagónicos.” (Ruckelhaus 1989).

En la mayoría de las sociedades las fuerzas del mercado han sido consideradas como las de mayor importancia, dándosele poca o ninguna consideración al impacto adverso que tiene una actividad económica no regulada sobre el ambiente y la sociedad. Igualmente, poca atención se le ha dado a los efectos acumulativos sobre el ambiente de las acciones diarias de numerosos individuos. Dicho de otro modo, el medio ambiente ha sido visto como un bien libre y a la hora de tomar decisiones el costo de su degradación realmente no ha sido tomado en cuenta por industriales, empresarios y jefes de hogar. La Agenda o Plan para el siglo 21, incorporó cuarenta capítulos en los cuales destaca la importancia del medioambiente urbano y llama a los países desarrollados y en vías de desarrollo a:

a). involucrar a los representantes de todos los sectores de la comunidad en la gestión urbana, incluyendo mujeres, jóvenes y minorías raciales;

b). proveer de vivienda, infraestructura y servicios urbanos básicos, tales como agua potable, a todos los residentes de una urbe;

c). educar y promover el desarrollo de oportunidades de empleo para los sectores más pobres de las ciudades;

d). reducir el uso de energía y materias primas así como ios niveles de contaminación y desechos;

e). proteger los ecosistemas frágiles;

f).compartir la riqueza, las oportunidades y responsabilidades en forma más justa entre el Norte y el Sur, entre países, y entre los diferentes grupos sociales de cada país, poniendo especial cuidado en los pobres y discapacitados e;

g). informar anualmente a la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo  Sostenible sobre sus acciones en la promoción del desarrollo sostenible.

Para alcanzar estos objetivos, el plan de acción global pone énfasis en la necesidad de un proceso planificado, transparente y de colaboración que implica planificar en todos los niveles, ya sea local como internacional, que todos los sectores de la comunidad tengan oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el medio ambiente y el desarrollo y que todos los grupos sociales y grupos de interés se asocien y trabajen coordinadamente. La Agenda 21 compromete a cada país individualmente a enfrentar los temas sociales, culturales, económicos y ambientales y lograr un desarrollo sostenible a nivel local sin perder de vista los intereses de las actuales y futuras generaciones. De aquí el sentido de la frase “pensar globalmente, actuar localmente”.

La complejidad de los problemas ambientales actuales ha exigido un giro en las políticas públicas y privadas desde aquellas primeras de tipo correctivo y de carácter legislativo y tecnológico, a las más actuales de tipo preventivo e incluso precautorio donde se combinan los instrumentos reguladores (legislación y otros) y los científico-tecnológicos con los incentivos económicos (fiscales y otros), los integradores (políticas integrales) y, las más novedosas, las políticas que acentúan la participación social en la gestión ambiental, intentando implicar al conjunto de la sociedad en la resolución de esos problemas.

Dentro de las nuevas formas de política ambiental, los instrumentos sociales, como la educación ambiental y particularmente la participación social, son clave. El énfasis en la educación ambiental y en la participación pública es consecuencia de la creciente evidencia de que gran parte de la falta de éxito de algunas políticas ambientales se deriva de la falta de implicación de las poblaciones a las que se dirigen.

Las causas de los problemas ambientales son sociales y, por tanto, se necesitan instrumentos sociales para su resolución. En esa línea, la educación ambiental es un concepto amplio que abarca todas aquellas actividades dirigidas a la concienciación y la capacitación para la acción ambiental de las instituciones y personas, para el cambio de creencias, normas, valores y comportamientos hacia un desarrollo sostenible.

Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que las políticas ambientales no han contribuido al desarrollo local sustentable del país, del estado y en particular del Municipio de Morelia.

 

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NOTAS:


 

[1]Maestra en Administración. Doctorante en el Programa de Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. E-mail: auryteresita@yahoo.com.mx

[2]Lira,L. (2000), Estrategias de Desarrollo Regional y Local, Apuntes de clase, ILPES

[3]Carmona ,L.M.C.(2002). Instrumentos de Política ambiental - Instrumentos Económicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 25/11/a,UNAM,Méxíco.

[4]Crespo,F.C.(1999), Políticas públicas, Gobierno Local y conflictos Socioambientales, en Foro Conflictos Socioambientales: Desafíos y propuestas para América Latina, Quito, Ecuador.